En un contexto de sequías persistentes y lluvias escasas, la limitación de las concesiones de agua se convierte en un tema de vital importancia para garantizar el acceso al consumo personal y el uso doméstico del recurso hídrico en México. En este sentido, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha presentado una iniciativa de reforma constitucional destinada a fortalecer este derecho y restringir los permisos para actividades industriales, como la minería.
El contenido de la iniciativa propone modificar el párrafo sexto del Artículo 4 de la Constitución para establecer la prioridad del consumo personal y doméstico de agua sobre cualquier otro uso. Asimismo, se propone reformar el párrafo sexto del Artículo 27 de la Constitución con el fin de prohibir el otorgamiento de concesiones de agua en zonas donde la escasez del recurso ponga en riesgo su disponibilidad para el consumo humano y uso doméstico.
Según los datos presentados en la iniciativa, México cuenta con una disponibilidad natural media de agua de aproximadamente 4,471.5 km3 al año, situando al país en una situación de estrés hídrico alto. La escasez de agua es especialmente crítica en las regiones norte y centro del país, donde se concentra la mayor parte de la población y las actividades económicas.
Por esta razón, el gobierno actual busca prohibir el otorgamiento de concesiones en zonas de estrés hídrico, donde la demanda de agua es elevada y los recursos son limitados.
Según el informe "Modernizar la regulación de aguas en México" del Instituto Mexicano para la Competitividad, el 76% de las concesiones de agua en México se destinan a uso agrícola, ganadero y acuícola, mientras que solo el 15% se destina al abastecimiento público. Esto muestra la importancia de regular el uso del agua para garantizar su acceso equitativo y sostenible.
El gobierno federal estima que actualmente el 66% de las concesiones de agua se encuentran en acuíferos sin disponibilidad, lo que pone de manifiesto la necesidad de tomar medidas para proteger los recursos hídricos del país. Además, se ha observado que la industria minera es una de las principales consumidoras de agua, afectando tanto la disponibilidad como la calidad del recurso.
Según estimaciones del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, en 2019 se concesionaron 472.53 hm3 de agua para uso industrial en la minería, lo que equivale al consumo anual de más de 7 millones de personas. Esto subraya la importancia de regular el uso del agua en la industria para garantizar su disponibilidad para otros usos prioritarios.
Es importante señalar que en mayo de 2023 se aprobó una reforma en materia de concesiones para minería y agua, que obligaba a las personas concesionarias de aguas nacionales para uso industrial en la minería a medir el volumen de agua utilizado. Sin embargo, esta reforma fue impugnada y actualmente se encuentra en proceso en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.