La provincia de Pataz, en la región amazónica de La Libertad, Perú, fue escenario de un nuevo y trágico episodio de violencia cuando trece guardias de seguridad fueron hallados muertos tras ser secuestrados en una de las minas de oro más grandes del país, Poderosa. Las víctimas, empleados de la empresa de seguridad privada R&R, habían sido desplegadas para enfrentar a presuntos mineros ilegales cuando fueron capturados el pasado 26 de abril.
Según reportes del Diario Correo y declaraciones oficiales de la propia empresa minera, los trabajadores fueron retenidos durante días en un pozo dentro del yacimiento. Videos que circularon en redes sociales muestran la brutal ejecución de los guardias a manos de sus captores, lo que ha conmocionado al país y encendido las alertas sobre el creciente poder de las organizaciones criminales que operan en torno a la minería ilegal.
Minera Poderosa lamentó profundamente el asesinato de sus trabajadores y denunció la falta de acción efectiva por parte del Estado. Desde 1980, 39 personas vinculadas a la operación minera han perdido la vida a manos de grupos criminales, de las cuales 22 han sido asesinadas solo en los últimos dos años. En diciembre de 2023, otro ataque con explosivos a la misma mina causó nueve muertes y más de una docena de heridos.
A pesar de que el gobierno peruano declaró estado de emergencia en la región y aumentó la presencia policial, Poderosa criticó la inacción de las autoridades frente a las entradas ilegales a las minas, que sirven de refugio y base para estos grupos armados. "No será posible derrotar a la criminalidad si la policía continúa absteniéndose de interceptar los accesos clandestinos que todos conocen", afirmó la empresa en un comunicado.
Asimismo, la compañía expresó su preocupación por el programa estatal de formalización minera, que otorga permisos temporales a operadores informales, señalando que esta política, lejos de resolver el problema, ha facilitado la expansión de la minería ilegal bajo una cobertura legal temporal.
El Ministerio del Interior confirmó el despliegue de unidades especializadas para dar con los responsables, aunque hasta ahora no se han ofrecido mayores detalles.
La minería ilegal de oro ha crecido exponencialmente en Perú, generando más de 6,000 millones de dólares en 2024, según el Instituto Peruano de Economía. Este fenómeno está vinculado con otras actividades delictivas como el narcotráfico y la extorsión, y forma parte de una crisis de seguridad más amplia que también afecta a Colombia y Ecuador, países que han declarado estados de emergencia en respuesta a la amenaza.
El caso de Poderosa pone de relieve los profundos desafíos de seguridad y gobernabilidad que enfrentan las operaciones mineras en regiones remotas de América Latina.
