Perú. La presidenta Dina Boluarte decretó el estado de emergencia con toque de queda en la provincia andina de Pataz, tras la confirmación del asesinato de 13 trabajadores vinculados a una mina artesanal operada en concesión por la productora de oro Compañía Minera Poderosa. Las víctimas fueron secuestradas durante varios días por presuntos mineros ilegales y posteriormente asesinadas, según información oficial.
El toque de queda se aplicará diariamente desde las 18:00 hasta las 06:00 horas. Además, el Ejecutivo dispuso la suspensión de todas las actividades mineras en la zona por un periodo inicial de 30 días. Esta medida podría ser prorrogada, de acuerdo con el Ministerio de Energía y Minas del país. La presidenta Boluarte también anunció que durante este plazo se procederá con la exclusión de todos los reintegros temporales (reinicios de operaciones mineras) que se encuentren en condición de suspendidos.
Durante su declaración, la mandataria solicitó a las empresas formales que eviten subcontratar sus concesiones a terceros, advirtiendo que esa práctica favorece la pérdida de trazabilidad y control sobre quiénes participan en la operación minera.
Poderosa, una de las principales productoras auríferas del país, informó que las víctimas trabajaban en una mina artesanal que operaba dentro de su concesión, bajo contrato de explotación con la empresa R&R. En un comunicado oficial, la compañía lamentó profundamente lo ocurrido y señaló que los responsables pertenecen a redes criminales vinculadas con la minería ilegal.
Diversas organizaciones del sector han expresado su preocupación por la situación. La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) condenó el crimen y demandó acciones concretas del Estado para identificar y sancionar a los responsables. La entidad advirtió que el avance de las economías ilegales en regiones mineras representa una amenaza directa a la seguridad, la propiedad y el desarrollo formal del sector.
La presidenta de la SNMPE, Julia Torreblanca, indicó que las medidas adoptadas por el Gobierno no deberían perjudicar a las empresas legalmente constituidas, sino centrarse en aquellos actores que operan fuera del marco normativo y están involucrados en actividades criminales.
Según reportes de la propia Compañía Minera Poderosa, al menos 39 personas —entre trabajadores formales y mineros artesanales— han sido asesinadas en los últimos años en Pataz, donde bandas armadas han establecido presencia en áreas de explotación ilegal. La empresa instó al Gobierno a replantear su estrategia frente a esta crisis de seguridad, sugiriendo una mayor intervención policial en bocaminas ilegales y zonas críticas.
Hasta el momento, las autoridades no han aprobado un plan integral ni presupuesto específico para enfrentar la minería ilegal en el país, una omisión que ha sido cuestionada por representantes del sector extractivo formal.
