La desaparición de 10 trabajadores de la canadiense Vizsla Silver no es un hecho aislado. Es una señal de alarma en una industria que opera en regiones donde la presencia del Estado se ha debilitado de manera sostenida.
Cuando un grupo criminal puede afectar directamente a personal de una empresa minera, lo que está en juego no es solo la seguridad de una compañía extranjera. Está en riesgo la viabilidad de una actividad que sostiene economías regionales completas.
La reacción de la Cámara Minera de México, la Cámara de Comercio de Canadá en México, Women in Mining México y el Colegio de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México no fue un pronunciamiento rutinario. Fue la expresión de un sector que enfrenta un entorno operativo cada vez más complejo.
Las cifras lo confirman. En 2025, 97% de las empresas mineras fue víctima de algún delito. No se trata de robos menores. La industria reporta extorsión sistemática, extracción ilegal de mineral, asaltos a transporte, secuestros y homicidios.
El impacto no es retórico. La inseguridad incrementa hasta 5% los costos totales, provoca mermas operativas cercanas a 7% y obliga a destinar más de 100 millones de dólares anuales a seguridad privada. Ese dinero no se invierte en exploración, tecnología o desarrollo comunitario. Se destina a contener riesgos.
Los antecedentes son constantes. En 2019, Telson Mining suspendió operaciones en Campo Morado, Guerrero, por extorsiones del crimen organizado. Ese mismo año, Minaurum Gold detuvo actividades en Los Filos de Carrizalillo por condiciones de inseguridad.
En 2020, el robo de concentrados minerales en rutas ferroviarias de Sonora y Zacatecas obligó a reforzar protocolos logísticos en varias compañías.
En 2021, la mina Mulatos de Alamos Gold fue asaltada en Sonora. Ese mismo año, un grupo armado ingresó a la mina Plomosas de Consolidated Zinc en Chihuahua y sustrajo 90 toneladas de zinc y plomo.
En 2022 y 2023, empresas productoras de oro y plata reportaron bloqueos forzados, amenazas a contratistas y robo de explosivos industriales, un delito que no solo afecta a la operación, sino que incrementa riesgos para la población.
En 2025, El grupo Minero Bacis, reportó e robo de concentrado de mineral en Colima. La Minera Peñasquito lo mismo en Zacatecas.
El problema es estructural. México aparece entre los países peor evaluados en seguridad minera a nivel internacional. El dato adquiere mayor relevancia en el contexto de la revisión del T-MEC y del acuerdo con Estados Unidos para el tratamiento de minerales estratégicos. No se puede hablar de integración regional sólida mientras las zonas productivas operan bajo presión criminal.
La minería genera más de 400 mil empleos directos y sostiene a millones de familias. Cuando una operación se paraliza por violencia, el efecto se traslada a proveedores, transportistas, comercios y comunidades enteras.
Corredores de seguridad, protección logística especializada, inteligencia contra el robo de mineral y judicialización efectiva no son privilegios sectoriales. Son condiciones mínimas de gobernabilidad.
Sin Estado de derecho no hay inversión sostenida. Sin inversión sostenida no hay desarrollo regional. Y sin seguridad, la minería mexicana pierde competitividad frente a otras jurisdicciones.
La discusión no es ideológica. Es práctica. Si el país quiere consolidarse como proveedor estratégico de minerales para América del Norte, primero debe garantizar que quienes trabajan en el sector puedan hacerlo bajo condiciones básicas de seguridad.
