La propuesta presidencial señala que con las modificaciones y adiciones al marco legal “se busca garantizar la prioridad del uso y consumo humano de agua”

El presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de reformas a las leyes Minera, de Aguas Nacionales y del Equilibrio Ecológico que, entre otros aspectos, plantea la reducción de las concesiones mineras de 50 a 15 años, prorrogables por una sola ocasión para un periodo igual, pero en cualquier caso condicionadas a la disponibilidad de agua, al impacto social, así como a la consulta a comunidades indígenas y afromexicanas.

La propuesta presidencial señala que con las modificaciones y adiciones al marco legal “se busca garantizar la prioridad del uso y consumo humano de agua”.

Propone establecer la figura de concesión de agua para uso específico en minería, “a fin de evitar la sobreexplotación y contaminación del recurso hídrico, la concesión de agua para uso específico de minería quedará sujeta a la disponibilidad de agua y tendrá una duración de cinco años con posibilidad de prórrogas por igual tiempo”.

La concesión de agua para uso específico de minería quedará sujeta a la disponibilidad de agua Foto: Especial

En su exposición de motivos, el titular del Ejecutivo señala que el objetivo es recuperar la rectoría del Estado sobre los recursos minerales e hídricos que se encuentran en el subsuelo y son del dominio directo de la nación.

Plantea modificar el esquema de otorgamiento de concesiones para que únicamente sea mediante concurso público, bajo condiciones mínimas que aseguren las mejores condiciones económicas para el Estado mexicano y de beneficio para la población.

“Se reduce la duración y la prórroga de las concesiones mineras. Disminuye de 50 a 15 años el término de la concesión, prorrogable por una sola ocasión hasta por un lapso igual, sujeto al cumplimiento de obligaciones, lo cual disminuirá la especulación de particulares con los recursos de la nación”, señala la iniciativa.

Propone establecer la figura de concesión de agua para uso específico en minería, “a fin de evitar la sobreexplotación y contaminación del recurso hídrico, la concesión de agua para uso específico de minería quedará sujeta a la disponibilidad de agua y tendrá una duración de cinco años con posibilidad de prórrogas por igual tiempo”.

Igualmente se considera eliminar el carácter preferente de la actividad minera y establece que la exploración, explotación y beneficio de los minerales o sustancias no justificarán ya la expropiación en favor de particulares incluso sobre propiedad social, pues generan un beneficio exclusivamente privado.

Así, las personas ganadoras de un concurso de licitación deberán presentar el estudio de impacto social para determinar las probables afectaciones que podría tener la actividad minera en la vida cotidiana de las personas y establecer las medidas de prevención, mitigación y compensación garantizadas eficazmente por una carta de crédito.

En ese contexto, la iniciativa subraya que no se reconocerán actos de derecho privado para la transmisión de las concesiones mineras y, en su caso, sólo la Secretaría de Economía podrá autorizar la transmisión cuando se cumplan los requisitos solicitados para la concesión original.

“Se transforma la figura de la asignación para que la persona titular de la secretaría pueda otorgar asignaciones a las empresas del sector público paraestatal para realizar actividades de exploración y explotación de minerales y sustancias; la asignación tendrá una vigencia por tiempo indefinido y la entidad asignataria tendrá las mismas obligaciones que la concesionaria, pero no podrá transmitir sus derechos y obligaciones a terceras personas privadas”, señala.

La propuesta presidencial incluye también la obligación de acciones para preservar, restaurar y mejorar el ambiente, prevenir y controlar la contaminación del aire, agua, suelo y subsuelo.

Precisa igualmente las causales de cancelación de la concesión minera, entre ellas los posibles daños o riesgos al equilibrio ecológico, no contar con permisos, concesiones o autorizaciones de otras autoridades, programas de cierre o de gestión de residuos.

Con información de Jorge Almaquio García, El Heraldo de México