La reciente propuesta en el Congreso mexicano de prohibir la minería a cielo abierto ha generado preocupación entre sectores económicos y comunidades que dependen de esta actividad. La modificación al artículo 27 de la Constitución podría tener profundas repercusiones tanto para la economía nacional como para las regiones que ven en la minería su principal fuente de prosperidad.
La minería a cielo abierto, que implica la extracción de minerales a través de grandes excavaciones en la superficie, es más económica en comparación con la minería subterránea, pero también presenta riesgos ambientales significativos. Ejemplos de impactos negativos incluyen la contaminación de ríos en México y en otros países como Indonesia y Perú. A pesar de esto, existen operaciones que implementan prácticas responsables y sostenibles, especialmente en países como Canadá y Estados Unidos.
La prohibición podría afectar severamente a estados como Zacatecas, Sonora y Chihuahua, que dependen en gran medida de la minería. Este sector representa la quinta mayor contribución al PIB de México y ofrece empleos con salarios superiores al promedio nacional. Además, muchas comunidades cercanas a minas a cielo abierto dependen económicamente de estas actividades, por lo que la prohibición podría resultar en la pérdida de miles de empleos y un aumento en la pobreza local.
Aunque las minas a cielo abierto presentan un menor riesgo de colapso en comparación con las minas subterráneas, los problemas de salud relacionados con el polvo y el ruido son preocupantes. La actual administración tiene en mente el aprovechamiento del litio, que a menudo se encuentra en depósitos accesibles mediante minería a cielo abierto. Por tanto, una prohibición total podría ir en contra de los intereses nacionales.
Es crucial que el gobierno y los legisladores encuentren un equilibrio entre el desarrollo económico y la protección ambiental. Se deben considerar políticas que fomenten una minería responsable y tecnologías limpias, así como la diversificación económica en las áreas afectadas para mitigar las consecuencias negativas de la prohibición.