Amalia García Medina presentó en el Senado de la República una reserva a la Ley General de Derechos de la Federación para establecer que los recursos obtenidos de los impuestos que se cobran a la industria minera se destinen a las comunidades y municipios donde se realiza esta actividad, principalmente para la realización de proyectos de remediación ambiental que posibilitan recuperar las condiciones que había en esos lugares.
La senadora zacatecana también señaló que a las comunidades y municipios mineros se les deben asignar recursos de la federación que les permitan construir proyectos de desarrollo económico, infraestructura social básica y fortalecer el tejido social.
“La reserva se refiere al artículo 275. Recordemos que la ley que nos ocupa establece 3 tipos de derechos sobre la actividad minera: el derecho especial sobre minería, el derecho adicional sobre minería y el derecho extraordinario sobre minería”, dijo la exgobernadora de Zacatecas.
Explicó que actualmente los ingresos que se obtienen por estos 3 derechos se destinan 85% a la Secretaría de Educación Pública, a la Secretaría de Salud, así como a otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal; 5% a la Secretaría de Economía para la realización de acciones de fortalecimiento al sector minero, y 10% al Gobierno Federal para programas de infraestructura.
En este escenario, la senadora propuso que se modifique el artículo 175 de la Ley Federal de Derechos y se establezca una nueva distribución, ya que hoy todo el recurso queda en la Federación.
Señaló que el extractivismo en la minería es una actividad que genera graves estragos en las comunidades en donde se desarrolla esta actividad con incluso “daños a perpetuidad”, lo que significa que puede haber daños ambientales que persisten por siglos o, incluso, por milenios, y en muchos de los casos se modifica severamente el paisaje.
Al ser originaria de Zacatecas, reseñó que en su estado los historiadores señalan que los primeros años de la conquista lo que existía ahí era una zona boscosa. Hoy es el semidesierto. También se modifican las fuentes de agua, como ríos y lagos, para no hablar de la contaminación terrible y brutal en Sonora, que sigue sin una reparación total o el agua del subsuelo.
Ante tal situación, la legisladora por Zacatecas propuso que 19% de los impuestos se destine para beneficiar a las comunidades y localidades en las cuales se lleva a cabo directamente la explotación minera.
“Es ahí a donde debe ir ese recurso para que lo utilicen en la reparación del daño ambiental que ocasiona esa actividad, y también para poder generar desarrollo”, agregó.