• El país ordenó el año pasado el cierre de la mina Cobre Panamá, que representaba alrededor del 1% de la producción mundial de cobre.

First Quantum ha abierto un proceso de arbitraje comercial contra Panamá por el contrato anulado, pero otros cuatro arbitrajes se encuentran en sus primeras fases. Agencias calificadoras han advertido de que la economía de Panamá podría verse gravemente afectada si el país pierde uno o varios de los arbitrajes.

Panamá prohibirá a la canadiense First Quantum extraer cobre durante el cierre de la mina de la que perdió los derechos de explotación el año pasado, dijo a Reuters el ministro de Comercio, Jorge Rivera Staff, quien añadió que es necesario encontrar nuevas formas de financiar el cierre de la mina.

Mineras de todo el mundo tienden a mantener actividades de extracción durante los procesos de cierre, ya que utilizan esos beneficios para financiarlos, pero esto no será posible en el caso de Cobre Panamá, dijo Rivera Staff en una entrevista el jueves.

La decisión de despojar a First Quantum de su contrato, que representó alrededor del 40% de sus ingresos el año pasado, se produjo en medio de protestas en todo el país que también llevaron a las autoridades a prohibir todas las actividades de minería metálica.

“Hay dos alternativas. Una es que todo este proceso, si siguen ellos adelante, lo pague la empresa y, otra, que lo pague el Estado ¿De dónde saldrían los recursos? Eso es parte de la discusión", dijo Rivera Staff.

Los panameños acuden a las urnas para elegir un nuevo presidente el 5 de mayo, lo que significa que el próximo gobierno decidirá probablemente quién pagará el costo estimado en 800 millones de dólares del cierre de la mina.

Panamá ordenó el año pasado el cierre de la mina Cobre Panamá, que representaba alrededor del 1% de la producción mundial de cobre, tras una sentencia del máximo tribunal del país que declaraba inconstitucional su contrato.

Operadores e inversores siguen de cerca el resultado de las elecciones para ver si un nuevo gobierno podría darle nueva vida a la minería, pero Rivera Staff dijo que podría llevar meses o incluso años ver algún cambio en la fuerte oposición actual de los panameños a la minería.

El ministro de Comercio extendió una invitación a los ocho candidatos presidenciales del país para dialogar sobre el plan de cierre de la mina Cobre Panamá, pero sólo participaron los equipos de tres de ellos. Los demás argumentaron falta de espacio en sus agendas, dijo Rivera Staff.

Panamá y la minera canadiense trabajan conjuntamente en la elaboración de un plan -que se hará público en las próximas dos semanas- para que la mina esté en "modo de cuidado y mantenimiento" mientras se concretan los detalles del cierre definitivo, dijo el funcionario.

Los planes actuales prevén que First Quantum se encargue del proceso de cierre, pero el país podría elegir una alternativa si se le ofrecieran mejores condiciones, dijo el ministro, añadiendo que se espera que el cierre dure al menos ocho años.

Otro punto de fricción entre Panamá y First Quantum gira en torno a quién es el propietario de las 121,000 toneladas de concentrado de cobre almacenadas en la mina.

First Quantum dijo la semana pasada que creía que iba a poder sacarlas después de las elecciones, pero Rivera Staff dijo que el Gobierno aún no ha decidido a quién pertenecen.

Panamá está trabajando para averiguar si el concentrado de cobre, valorado en unos 200 millones de dólares, se extrajo antes o después de la sentencia que invalidaba el contrato, añadió.

First Quantum ha abierto un proceso de arbitraje comercial contra Panamá por el contrato anulado, pero otros cuatro arbitrajes, centrados en inversiones, se encuentran en sus primeras fases.

El periodo de conversaciones estipulado en los procesos ha terminado en al menos dos de los casos, dijo Rivera Staff, aunque First Quantum aún no ha avanzado más. "Están esperando, me imagino, a que pase el domingo", dijo.

Agencias calificadoras han advertido de que la economía de Panamá podría verse gravemente afectada si el país pierde uno o varios de los arbitrajes y se ve obligado a pagar elevadas multas.

FUENTE: EL ECONOMISTA