Por Arnoldo Grajeda, experto en sostenibilidad y medio ambiente
Hablar de minería en México implica hablar de ciencia aplicada, planeación ambiental y compromiso social. Lejos de la percepción de improvisación o descuido, la minería moderna está regida por uno de los marcos normativos más exigentes del país: la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y la Ley de Aguas Nacionales, cada una con sus reglamentos y normas específicas que establecen cómo, dónde y bajo qué criterios puede desarrollarse y operar una mina.
En este entorno legal, la minería en México cumple con un contexto normativo amplio, que incluye un entramado técnico que abarca desde la NOM-001-SEMARNAT-2021, que regula las descargas de agua, hasta la NOM 120, 141, 155, 157 y 159, diseñadas exclusivamente para la exploración, las presas de jales, los sistemas de lixiviación y el manejo integral de residuos mineros, que son estrictos lineamientos equiparables a cualquier normativa internacional aplicable.
Estas normas no son simples lineamientos, son la garantía de que la minería formal opera bajo estándares internacionales de ingeniería, seguridad y sustentabilidad.
El punto de partida de un proyecto minero no es la extracción, sino la planeación. Desde la etapa de exploración se evalúan los ecosistemas, la topografía, los cuerpos de agua, entre muchos otros componentes del medio, con lo cual es posible definir de manera técnica cómo va a interactuar la mina con su entorno tanto en el medio físico, económico y social. Esta información se integra en la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), un documento exhaustivo que evalúa impactos, beneficios y medidas de mitigación, y que la autoridad (SEMARNAT) sólo aprueba si se acredita la viabilidad ambiental del proyecto. Un aspecto de especial relevancia es que la evaluación es un proceso transparente en el que la información está a disposición del público.
Lo que pocos saben es que el plan de cierre también se diseña desde el inicio. Las minas responsables rehabilitan progresivamente las áreas intervenidas, estabilizan taludes, controlan la erosión y promueven la recuperación de la biodiversidad durante toda la vida útil del proyecto. No se trata de remediar al final, sino de restaurar mientras se produce.
En este contexto una pregunta común es por qué muchas minas se ubican en zonas montañosas. La respuesta es el entorno geológico, no político; ya que ahí es donde están los minerales de manera predominante. Las montañas concentran los yacimientos más importantes del país, y en ellas los proyectos deben coexistir con cauces naturales. Estos cauces —definidos por la Ley de Aguas Nacionales— sólo pueden utilizarse tras obtener permisos de la CONAGUA y la SEMARNAT, que exigen estudios hidráulicos, obras de desvío controladas y medidas de contención para evitar cualquier afectación.
La imagen de una mina operando en un cauce sin regulación no corresponde a la realidad del sector formal, toda intervención está sujeta a concesiones, autorizaciones y monitoreo permanente; esta condición no puede omitirse.
La minería en México es también una de las industrias con mayor inversión en infraestructura ambiental. Las presas de jales, patios de lixiviación y tepetateras se diseñan bajo estándares internacionales por firmas especializadas con amplio prestigio internacional. Cada estructura incluye piezómetros, radares y pozos de monitoreo que alertan cualquier desviación, estos mecanismos permiten actuar de manera preventiva; si un sensor detecta una variación en la humedad del terreno o en la conductividad del agua, se activa un protocolo inmediato de investigación y corrección.
Contrario a la percepción de organizaciones pro ambientalistas que cuestionan la actividad minera, las minas son de las industrias más auditadas de México. La PROFEPA y la CONAGUA pueden realizar inspecciones en cualquier momento y sin previo aviso. Además, numerosas operaciones participan de manera voluntaria en el Programa Nacional de Auditoría Ambiental, obteniendo el Certificado de Industria Limpia que avala su cumplimiento y mejora continua.
El avance tecnológico es una constante en el sector. Las minas operan con esquemas de cero descargas y han adoptado procesos de recirculación de agua, generación de jales secos y captación de agua pluvial para reducir su huella hídrica. También han desarrollado esquemas de reúso y reciclaje de residuos orgánicos (composta) e industriales (reprocesamiento de residuos mineros antiguos), transformando pasivos en recursos útiles.
Históricamente, muchos pueblos de México nacieron alrededor de minas, y hoy la minería moderna mantiene ese vínculo, sumando además programas de reforestación, conservación de especies y compensaciones ambientales que canalizan recursos a la CONAFOR y a proyectos ecológicos en todo el país. Actualmente la industria aporta el 2.7% del PIB nacional, genera más de 400 mil empleos directos y es uno de los principales motores económicos en 212 municipios del país.
Como es evidente, hablar de una minería consciente en México no es hablar de un ideal, sino de una realidad que ya opera bajo criterios científicos, sociales y éticos.
