La minería informal de oro en Perú ha encontrado una vía para operar mediante el alquiler de miles de hectáreas de concesiones otorgadas hace décadas bajo un sistema que, según expertos, ha quedado obsoleto. Esta situación ha llevado al Ministerio de Energía y Minas (MINEM) a retomar el control del proceso de formalización minera, anteriormente delegado a los gobiernos regionales. El nuevo reglamento busca que las concesiones extinguidas sean administradas por el MINEM, permitiendo su asignación a mineros en proceso de formalización.
Máximo Gallo, Director General de Formalización Minera del MINEM, señala que aproximadamente el 90% de los mineros en proceso de formalización no son propietarios de las concesiones donde operan, lo que representa un desafío significativo. Además, cerca de 25,000 mineros trabajan en concesiones extinguidas que, según la legislación actual, no pueden ser formalizadas. Para abordar esta problemática, se propone que el MINEM asuma la administración de estas concesiones, facilitando su asignación a mineros que buscan formalizarse.
Otro aspecto crítico es la duración de las concesiones. Actualmente, la normativa permite que las concesiones se mantengan inactivas hasta por 30 años, un plazo adecuado para la gran minería pero ineficaz para operaciones de menor escala. Gallo propone reducir estos plazos a 10 años para la pequeña minería y a 5 años para la minería artesanal, promoviendo una gestión más eficiente y productiva de las concesiones.
El MINEM también ha proyectado la formalización de 25,000 mineros hacia finales de 2025, siempre que el Congreso apruebe la Ley de Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE). Esta ley busca reemplazar el actual Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) y establecer un nuevo marco regulatorio para el sector. Sin embargo, su desarrollo ha generado debates y controversias, con críticas sobre su efectividad y posibles conflictos de interés en su elaboración.
La minería informal se ha convertido en una actividad más lucrativa que el narcotráfico en algunas regiones, atrayendo a delincuentes y generando desafíos adicionales para el Estado. El gobierno peruano planea implementar un nuevo reglamento de comercialización del oro en abril, con medidas específicas para garantizar la trazabilidad del mineral desde su extracción hasta su exportación, integrando bases de datos de diversas entidades estatales para identificar posibles irregularidades en el proceso.
La efectividad de estas iniciativas dependerá de la capacidad del Estado para implementar cambios legislativos y administrativos que promuevan la formalización y regulen adecuadamente la actividad minera en el país.
