Tras la reforma minera de 2023, la exploración inicial de minerales quedó reservada al Servicio Geológico Mexicano (SGM), dejando fuera a las empresas privadas que durante años impulsaron el descubrimiento de nuevos yacimientos. Con ello, el organismo estatal se convirtió en el único responsable de identificar zonas con potencial mineral, decidir si se licitan o se reservan, y establecer asociaciones con compañías interesadas.
Sin embargo, los recursos disponibles no son proporcionales al tamaño del reto. El SGM cuenta actualmente con apenas 474 trabajadores, tres veces menos personal que antes de la reforma, y su presupuesto para exploración es limitado: el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 propone destinar 1,092 millones de pesos (unos 55 millones de dólares) a la generación de información geológica.
La diferencia con la inversión privada es abismal. La Cámara Minera de México (Camimex) reportó que en 2024 la iniciativa privada destinó 10,740 millones de pesos (alrededor de 537 millones de dólares) a exploración, es decir, diez veces más que el presupuesto federal proyectado para el próximo año.
El contraste se amplía al comparar con otros países de la región. En 2023, Chile destinó alrededor de 833 millones de dólares y Perú más de 1,000 millones a exploración minera. Ambos países mantienen esquemas mixtos donde el Estado y la iniciativa privada participan conjuntamente, garantizando ritmo y escala en la búsqueda de nuevos yacimientos.
Expertos del sector advierten que esta concentración de funciones en el SGM, sin el personal ni los recursos suficientes, provocará un ralentizamiento del descubrimiento de nuevos proyectos.
En palabras simples, mientras otros países lanzan decenas de “tiros” exploratorios al día, México cuenta con un solo operador intentando cubrir todo el territorio nacional. Esto significa que los resultados —nuevos yacimientos, licitaciones o asociaciones— tardarán más en llegar, afectando el dinamismo de la industria en el corto plazo.
Si bien el nuevo modelo busca mayor control estatal sobre los recursos y una gestión más ordenada, el desafío inmediato será fortalecer la capacidad técnica y presupuestal del SGM para evitar que México pierda competitividad frente a sus vecinos latinoamericanos.
