La posible prohibición de la minería a cielo abierto en México podría generar pérdidas económicas de 250 mil millones de pesos anuales y afectar 60% del valor de la producción minera nacional, según la Cámara Minera de México (Camimex). Esto pondría en riesgo 406 mil empleos directos y la competitividad del país frente a Canadá y Estados Unidos, especialmente en el marco del T-MEC.

Además, la reforma desalentaría inversiones extranjeras, reduciría la recaudación tributaria en 30 mil millones de pesos y afectaría sectores clave como la electromovilidad, la automotriz y la construcción.

Críticos advierten que otorgar facultades al Ejecutivo para decidir excepciones podría abrir la puerta a corrupción y tráfico de influencias. Asimismo, la falta de expertos en comisiones legislativas y el manejo político de decisiones técnicas generan incertidumbre en el sector.

La minería, vital para 212 municipios y 696 comunidades, enfrenta un desafío que podría transformar el panorama económico y social del país.