• Ante el rechazo de la reforma constitucional, el Congreso aprobó reformas a la ley minera para limitar la extracción del litio de privados.

La discusión energética en México llegó al litio, un mineral que sirve para hacer las baterías de autos eléctricos y que el gobierno de López Obrador blindó con una reforma, a fin de que solo una empresa pública pueda extraerlo y comercializarlo, sin la intervención de privados.

El mandatario federal y su partido, Morena, impulsaron este cambio a la ley minera luego del rechazo a la reforma constitucional sobre el sistema eléctrico, e incluso el dirigente del partido, Mario Delgado, habló de convertir a México en una “potencia”, con el uso de este metal ligero cuyo precio ha ido al alza a nivel internacional.

Sin embargo, especialistas llaman a la cautela, porque si bien el servicio geológico de Estados Unidos calcula que México puede tener hasta 1.7 millones toneladas de litio, en el país ese mineral se encuentra primordialmente en arcilla, condiciones que hacen más compleja su explotación que en otras naciones, donde se encuentra en rocas pegmatitas o en salmueras, un “líquido que tiene disueltas sales”.

Para extraerlo con una empresa estatal, agregan, será necesario invertir millones en tecnología (que el propio presidente reconoce que aún no tiene México), asumiendo los riesgos de cualquier proceso de exploración mineral, y los resultados tomarían años.

Un ejemplo de los tiempos que toma un proceso de extracción es el del único yacimiento hasta ahora activo en el país, ubicado en Bacadéhuachi, Sonora. La empresa Bacanora, con capital chino y británico, comenzó los estudios en 2010 y hasta 2023 planea iniciar su producción del mineral.

Otro punto sobre el tema es el que han señalado organizaciones ciudadanas, en cuanto a que la reforma a la ley minera promovida por el gobierno es “limitada”, y al dar un carácter de utilidad pública al litio se pueden desplazar actividades de comunidades, para dar prioridad a la minería.

“Vemos positivo que desde el Poder Ejecutivo se busque poner un freno al despojo de los territorios y a los privilegios de las empresas mineras”, refirió el colectivo de organizaciones #CambiémoslaYa.


Sin embargo, agregaron, “(la reforma) no corrige el contenido violatorio de los artículos que han posibilitado la entrega de territorios a los privados y las sistemáticas violaciones de derechos en contra de pueblos y comunidades”.

Los proyectos de extracción que hay en el país

Según los datos del Sistema Integral sobre Economía Minera (SINEM), en México hay actualmente al menos una treintena de proyectos o concesiones mineras para extraer litio, otorgadas a empresas extranjeras, sobre todo canadienses.

La mayoría aparecen aún en etapa de exploración, aunque de acuerdo con un análisis de la organización GeoCumunes -colectivo que se dedica a la cartografía colaborativa de denuncia de megaproyectos y conflictos socio-ambientales- publicado en 2021, sólo dos se encontraban activos, lo que alerta sobre posible especulación.

En su estudio señalaron que muchas de las empresas con proyectos inactivos eran controladas principalmente por pequeñas empresas canadienses al borde de la quiebra, que “dependen del proceso de especulación para generar recursos en las bolsas de valores de Canadá”.

Óscar Irazaba, del Instituto de Geología de la UNAM, refiere que si bien en el país se han ubicado hasta ocho regiones en las que podría haber litio, en estados como Sonora, Zacatecas y San Luis Potosí, hasta ahora solo hay un yacimiento donde se tiene la certeza de que sí existe ese mineral y además se puede extraer.

Se trata del yacimiento ya mencionado, en Bacadéhuachi, Sonora. En un inicio, recuerda Irazaba, causó impacto el reporte en 2019 de que en ese sitio había hasta 243 millones de toneladas de litio, por lo que se habló de que sería uno de los yacimientos más grandes del mundo.

Sin embargo, luego se aclaró que esa cifra era la de toneladas de roca o arcilla, y que solo el 0.3% era el anhelado mineral.

Sobre las concesiones entregadas en sexenios previos a empresas mineras extranjeras, para explorar y extraer litio, el presidente López Obrador dijo que serían revisados los contratos, aunque en la reforma aprobada no se estipula su cancelación.

Visión a largo plazo

Rigoberto García, investigador del Colegio de la Frontera Norte, recuerda que Argentina, Chile y Bolivia son los países del llamado “triángulo del litio”, por su alta cantidad de reservas de ese mineral.

Y el caso boliviano, donde según el servicio Geológico de Estados Unidos hay hasta 21 millones de toneladas de litio, muestra lo complejo del proceso de extracción.

En ese país desde hace una década las autoridades han hablado de todos los beneficios económicos que podría darles el mineral, pero han tenido dificultades para consolidar un esquema de aprovechamiento a gran escala.

Entre otros puntos, por carecer de tecnología y experiencia en ese tipo de actividad minera, algo que hace pensar en la situación de México.

Desde la perspectiva de García, el país tiene potencial y podría no solo extraer el litio para luego venderlo a otros países, sino también desarrollar la capacidad de procesarlo e insertarlo dentro de una política de transición energética, aprovechando que el litio sirve para almacenar la energía eólica y solar.

“Deberíamos ver en qué parte de la cadena de valor del litio nosotros podríamos insertarnos. Pasar de solo concentrarnos en la industria extractiva, a fabricar baterías”, señala.

Pero todo ello implica planeación a largo plazo, y presupuesto, decidir si se invertirán grandes recursos públicos a esta tarea, en lugar de dedicarlos a salud o a educación.

“¿Nosotros lo vamos a extraer? Muy bien, entonces se necesita inversión”, menciona.

Tanto García como Irazaba coinciden en que es desproporcionado llamar al litio “oro blanco” y pensar que por sí solo cambiará por completo el panorama energético del país. Señalan que puede ser importante, pero México aún está en una etapa incipiente respecto a su aprovechamiento.

En cuanto al impacto en un país, GeoComunes advierte que el litio puede ser un espejismo de transición energética, porque “implicaría el uso de nuevos insumos ante el eventual agotamiento de otros”, y una actividad minera descontrolada para buscarlo puede impactar comunidades, y su uso de recursos hídricos.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO