El Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM) publicó la séptima edición del Índice de Contribución Minera (MCI, por sus siglas en inglés), que mide la importancia relativa de la minería en las economías nacionales. El informe 2025 confirma que la minería continúa siendo un pilar esencial para el desarrollo económico en diversas regiones del mundo, especialmente en África, Asia Central y Oceanía.
El MCI combina múltiples indicadores económicos —como exportaciones, ingresos fiscales y empleo— para sintetizar en un solo valor la relevancia del sector minero en cada país. Sin embargo, el ICMM subraya que una alta contribución de la minería al PIB no garantiza un desarrollo sostenible, y que es necesario un marco sólido de gobernanza y responsabilidad social para convertir los ingresos mineros en beneficios duraderos para la población.
Países con mayor dependencia minera
El ranking 2025 sitúa a la República Democrática del Congo en el primer lugar mundial con una puntuación de 97.0, seguida por Malí (94.2) y Mongolia (92.7). Otros países destacados en la lista son Zimbabue, Mauritania, Liberia, Burkina Faso, Sierra Leona, Tayikistán y Nueva Caledonia, todos con índices superiores al 80, lo que refleja una alta dependencia de la minería como motor económico.
El mapa global del ICMM muestra una fuerte concentración de economías mineras en África Subsahariana y en regiones específicas de América Latina, Asia Central y Oceanía. En contraste, países industrializados presentan una menor proporción de su PIB vinculada a la minería, aunque mantienen un rol clave como consumidores e inversionistas del sector.
Desarrollo sostenible y gobernanza responsable
El informe enfatiza que el reto para los países mineros no radica solo en la producción, sino en cómo se gestionan los beneficios derivados de la minería. El ICMM destaca que la gobernanza transparente, la estabilidad regulatoria y la inversión en capital humano son factores decisivos para transformar la riqueza mineral en desarrollo social y económico sostenible.
El organismo concluye que la minería puede seguir siendo una fuente vital de progreso, siempre que esté acompañada por políticas públicas sólidas y un compromiso activo de las empresas para impulsar la minería responsable, inclusiva y sostenible.
