La minería representa una fuente relevante de ingresos fiscales para el Estado mexicano, al contribuir de manera constante al financiamiento de políticas públicas, infraestructura y servicios sociales, de acuerdo con el análisis del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
Durante 2024, el sector minero realizó una aportación fiscal superior a 45 mil millones de pesos, cifra que refleja su peso dentro de la economía formal y su capacidad para generar recursos que se canalizan a educación, salud, seguridad e inversión pública.
El estudio del CIDE señala que esta contribución se deriva no solo del pago de impuestos directos, sino también de derechos, contribuciones especiales y del efecto recaudatorio que generan los empleos formales y los encadenamientos productivos asociados a la actividad minera.
A diferencia de otras actividades económicas con alta informalidad, la minería opera mayoritariamente dentro de esquemas regulados, lo que garantiza certidumbre fiscal y estabilidad en la recaudación, particularmente en regiones donde esta industria es uno de los principales motores económicos.
Además, el impacto fiscal de la minería se extiende a los ámbitos estatal y municipal, fortaleciendo las finanzas locales y permitiendo a los gobiernos regionales ampliar su capacidad de inversión en obra pública, servicios básicos y programas sociales.
El CIDE destaca que este flujo de recursos contribuye a reducir brechas territoriales, al canalizar ingresos hacia zonas donde la actividad minera es uno de los pocos sectores con capacidad de generar valor económico sostenido.
En este sentido, la minería se consolida como un aliado estratégico para la estabilidad financiera del país, al aportar recursos clave que respaldan el funcionamiento del Estado y el desarrollo económico de largo plazo.
