La Cámara Minera de México (Camimex) presentó recientemente el estudio “192 Razones para Impulsar la Minería Consciente en México”, elaborado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), en el que se expone la relevancia estratégica de la minería en el desarrollo nacional.
El documento subraya que el sector aporta el 4.7% del Producto Interno Bruto (PIB) y mantiene vínculos con 192 ramas productivas, incluyendo la automotriz, electrónica, eléctrica, petroquímica y de la construcción. En términos prácticos, la mayoría de los bienes y servicios que se consumen en el país están directa o indirectamente relacionados con la minería.
De acuerdo con el estudio, la industria genera más de tres millones de empleos directos e indirectos y sostiene a más de 14 millones de puestos de trabajo a lo largo de su cadena de valor. Los salarios, que promedian los 22,518 pesos mensuales, superan tanto la línea de bienestar como el costo de la canasta básica. Esta característica cobra especial importancia en comunidades rurales o alejadas, donde en muchos casos la minería representa la principal fuente de actividad económica.
El impacto potencial también es significativo: un incremento del 10% en la eficiencia operativa podría traducirse en más de 64 mil millones de pesos adicionales para la economía nacional y en más de 14 mil millones de pesos en recaudación fiscal. Según el CIDE, este efecto multiplicador abre la posibilidad de fortalecer la competitividad del sector, incrementar la inversión y dinamizar las economías regionales.
No obstante, el estudio no se limita a resaltar el aspecto económico. También pone sobre la mesa los desafíos ambientales y sociales que enfrenta la minería mexicana. La llamada “minería consciente” implica reforzar la seguridad laboral, reducir la huella ecológica, promover la equidad de género y garantizar una participación comunitaria real. Estos puntos resultan fundamentales para que el sector sea visto como un aliado del desarrollo y no únicamente como un motor extractivo.
En un contexto global de transición energética, México podría desempeñar un papel clave gracias a la presencia de minerales estratégicos como litio, plata y cobre, indispensables para el desarrollo de energías renovables y tecnologías limpias. Sin embargo, expertos coinciden en que este potencial solo se concretará si existe un marco regulatorio claro, competitivo y estable que dé certidumbre a la inversión y, al mismo tiempo, asegure prácticas responsables.
El CIDE concluye que es urgente diseñar una política industrial minera sostenible, capaz de integrar innovación tecnológica, exploración geológica y desarrollo social en comunidades locales. Solo así México podrá consolidarse como un proveedor estratégico de valor agregado para América del Norte en el marco del T-MEC, equilibrando crecimiento económico con responsabilidad ambiental y social.
