En el reciente periodo de sesiones del Congreso, quedaron sobre la mesa importantes cambios constitucionales que podrían transformar radicalmente la industria energética y minera de México. Entre las propuestas se encuentran la prohibición de la producción de petróleo mediante fracking y la minería a cielo abierto. Con la mayoría de Morena y el apoyo de María Luisa Albores en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), además del aval del presidente Andrés Manuel López Obrador, estos cambios podrían ser retomados en breve.
La explotación de fracking ha sido un punto crucial en la producción energética en Estados Unidos, y la minería a cielo abierto constituye el 60% de la actividad minera global. La implementación de estas prohibiciones en México podría tener consecuencias significativas en la economía. En 2023, la producción en la industria minera cayó un 14%, y las inversiones disminuyeron en más de 3,000 millones de dólares, lo que subraya la importancia de esta industria en la generación de insumos vitales.
De prevalecer estas medidas bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum, México podría transformarse de un exportador a un importador de muchas materias primas esenciales. Durante el sexenio actual, la Semarnat ha impuesto una veda en permisos y concesiones, y se ha ajustado la Ley Minera sin que la Secretaría de Economía, bajo la dirección de Raquel Buenrostro, haya elaborado un reglamento, generando así una notable falta de certeza.
Con la reforma judicial aún pendiente, existe el riesgo de eliminar la última instancia que tiene esta industria para presentar inconformidades. Hay numerosos amparos de empresas nacionales y extranjeras que podrían verse comprometidos. En particular, la acción de inconstitucionalidad contra los cambios a la Ley Minera, que se encuentra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) bajo la revisión del ministro Alberto Pérez Dayán, es crucial. Se espera que la resolución esté lista antes de septiembre, antes de que se inicien los nombramientos de jueces por elección.
La esperanza de la industria minera, representada por la Cámara Minera de México (Camimex) y su presidente Jaime Gutiérrez, es que la resolución sea favorable, lo que revertiría los recientes ajustes a la ley y regresaría, en cierta medida, al marco regulatorio anterior, aún vigente por la falta de legislación secundaria.
En resumen, la incertidumbre y el temor prevalecen en la industria debido a los posibles cambios que podrían supeditar las decisiones de la SCJN al poder ejecutivo. Los próximos meses serán decisivos para el futuro de la minería y la producción energética en México.
