La industria minera en México, que comprende 3,279 unidades mineras y 124 operaciones minero-metalúrgicas, enfrenta un desafío significativo con las recientes modificaciones a los derechos fiscales aprobadas a finales de 2023. El incremento del derecho especial minero de 7.5% a 8.5% y del derecho extraordinario de 0.5% a 1% ha encendido las alarmas en el sector, que ya enfrenta dificultades como la falta de permisos y restricciones en la exploración durante los últimos años.

Competitividad en riesgo

El aumento de los derechos fiscales resta competitividad a las empresas mineras mexicanas frente a países como Perú, Chile y Canadá, principales actores del sector en América. Este panorama podría poner en peligro inversiones estimadas en 6,900 millones de dólares en nuevos proyectos para los próximos dos años.

Además, los pequeños operadores mineros, con márgenes de ganancia limitados, enfrentan mayores dificultades para absorber el aumento de costos operativos, lo que podría llevar al cierre de unidades productivas y a una reducción en la producción.

Impacto económico y social

Estados como Sonora, Zacatecas y Chihuahua, que dependen significativamente de la minería, podrían resentir los efectos de esta carga fiscal en términos de empleo, recaudación y desarrollo económico. Asimismo, el aumento de los costos se traduce en un incremento en los precios de los minerales, dificultando que México compita en el mercado internacional.

Un sector que requiere incentivos

Representantes del gremio minero han expresado la necesidad de que estos incrementos fiscales se acompañen de incentivos para mantener la competitividad del sector. Entre las propuestas destacan:

  • Estabilidad regulatoria, que reduzca la discrecionalidad y las cargas ideológicas en la aplicación de normativas.
  • Inversiones en infraestructura, que faciliten las operaciones y el transporte de minerales.
  • Apoyo a las comunidades mineras, promoviendo el desarrollo sostenible y mitigando los efectos sociales del aumento fiscal.

Retos en la inversión minera

Desde la implementación del derecho especial minero durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, los resultados no han sido alentadores. Según datos de la Cámara Minera de México (Camimex), la inversión en el sector pasó de 6,000 millones de dólares en 2012 a apenas 5,000 millones en 2022, evidenciando que este esquema no ha fomentado el crecimiento esperado.

La minería mexicana enfrenta una "cuesta de enero" que no solo afecta su desempeño inmediato, sino que pone en riesgo su futuro competitivo en el escenario global.

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Con información de: Marielena Vega