El Gobierno de México manifestó su disposición para realizar ajustes específicos a la Ley Minera aprobada en mayo de 2023, con el fin de agilizar la operación pública y privada del sector sin comprometer los criterios sociales y ambientales establecidos por la legislación vigente. Así lo señaló Fernando Aboitiz, titular de la Unidad de Coordinación de Actividades Extractivas de la Secretaría de Economía, durante su participación en la XXXVI Convención Internacional de Minería 2025.
El funcionario aclaró que no se proyecta impulsar una nueva Ley Minera, pero sí se analizan modificaciones puntuales que permitan hacer más eficiente la gestión tanto del gobierno como de la industria. Subrayó que el núcleo de la reforma impulsada durante la administración anterior permanecerá intacto, ya que la política actual mantiene como prioridad la protección de comunidades y entornos naturales.
Aboitiz destacó que existe plena apertura al diálogo con las empresas mineras para atender los temas que limitan su operación. Entre los puntos sujetos a revisión mencionó la obligación de realizar remediaciones ambientales en concesiones donde únicamente se realizaron trabajos de exploración y no hubo afectación al terreno. Señaló que esta disposición genera cargas innecesarias para los concesionarios y también para el propio Estado, pues impide la recuperación ágil de áreas que podrían volver al dominio nacional.
Adicionalmente, informó que el nuevo Reglamento de la Ley Minera —pendiente desde hace 23 meses— podría publicarse en los próximos meses. Explicó que el documento ya fue liberado por la Unidad de Coordinación de Actividades Extractivas y se encuentra en revisión final por parte de la Consejería Jurídica.
El gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, busca con estos posibles ajustes mejorar la operatividad del sector sin alterar los pilares sociales y ambientales que dieron origen a la reforma de 2023.
