El trabajo infantil persiste en México y afecta a sectores como la minería

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México existen 3.7 millones de niñas, niños y adolescentes de entre cinco y 18 años que realizan algún tipo de trabajo infantil, lo que representa una problemática estructural con implicaciones sociales, económicas y legales. Una porción significativa de este grupo participa en actividades consideradas peligrosas, incluyendo labores en el sector minero.

La Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI) 2022 reveló que 2.1 millones de menores laboran en actividades no permitidas, de los cuales el 92.5 % realiza tareas clasificadas como peligrosas, entre ellas la minería, la agricultura y trabajos en entornos de alto riesgo. Además, 1.9 millones de infantes realizan quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas.

La académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, María del Carmen Macías Vázquez, subraya que el trabajo infantil “es un problema profundo, derivado principalmente de la pobreza”, y que la atención a esta realidad exige un enfoque integral desde las políticas públicas, el marco legal y la intervención comunitaria.

En el sector minero, estas cifras alertan sobre la necesidad de reforzar la vigilancia y cumplimiento de la normatividad laboral, especialmente en zonas rurales o marginadas donde operan unidades de extracción artesanal o informal. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el trabajo infantil incluye toda actividad realizada por menores fuera del marco legal, en condiciones que atentan contra su salud, desarrollo y educación.

México ha suscrito diversos convenios internacionales, entre ellos el Convenio 138 y el Convenio 182 de la OIT, que establecen los parámetros legales para la edad mínima de admisión al empleo y las peores formas de trabajo infantil, incluyendo la esclavitud, la trata, el trabajo forzado y la exposición a actividades peligrosas como la minería subterránea.

La ENTI identificó a Guerrero, Chiapas, Nayarit, Oaxaca, Michoacán, Puebla, Colima y Zacatecas como entidades con alta concentración de trabajo infantil, coincidiendo con zonas con tradición minera y altos índices de marginación. En Guerrero, por ejemplo, el 24.5 % de la población infantil participa en alguna forma de trabajo infantil.

Macías Vázquez advierte que, aunque existen marcos jurídicos, estos no siempre reflejan la realidad de las comunidades. "En muchas regiones rurales, las familias trabajan en conjunto en el campo o en actividades extractivas, y los menores se ven involucrados por necesidad económica. Penalizar estos casos sin un enfoque social puede ser contraproducente", explicó.

La especialista también distingue entre el trabajo infantil prohibido y el trabajo formativo, como el que algunos menores realizan en vacaciones en negocios familiares o en actividades domésticas adecuadas a su edad. Sin embargo, alerta sobre la necesidad de mejorar la fiscalización en sectores vulnerables, como el comercio informal y ciertas actividades mineras no reguladas.

Para la académica, el Estado tiene la responsabilidad primaria de garantizar condiciones que impidan que los menores ingresen a trabajos peligrosos, y propone un enfoque multidisciplinario que incluya a trabajadores sociales, psicólogos, médicos y educadores, además del fortalecimiento institucional en los tres niveles de gobierno.

“La solución no es solo legal. El combate al trabajo infantil en minería y otros sectores debe abordarse desde la raíz: la pobreza, la falta de acceso a la educación y la exclusión social”, concluyó.