El Tribunal Supremo revisará los amparos otorgados desde los juzgados de distrito para determinar el futuro de lo que ahora se denomina Ley de Minería. La reforma a la Ley Minera, aprobada en abril de 2023, ha generado una serie de amparos por parte de la iniciativa privada. Entre otras medidas, la reforma prohíbe nuevas concesiones mineras en áreas con baja disponibilidad de agua o en zonas naturales protegidas, así como la minería submarina. También reduce el tiempo de las concesiones y establece que los pueblos indígenas deben recibir un mínimo del 5% de las utilidades mineras.
La Suprema Corte tiene dos tareas pendientes: resolver una acción de inconstitucionalidad presentada por los partidos de minoría y revisar los amparos otorgados a algunas compañías mineras. Este último paso, usualmente realizado por tribunales de distrito, será llevado a cabo por la Corte debido a la relevancia del tema. Se espera que al menos 19 amparos sean revisados por la Corte, solicitados por la Secretaría de Economía y algunas fracciones legislativas. Los tribunales de circuito también han solicitado que la Corte atraiga los recursos de revisión debido a la importancia del asunto.
El debate gira en torno a la supuesta rapidez del proceso legislativo y a la violación de procedimientos constitucionales, según argumentan la oposición y algunas compañías mineras. La decisión de la Corte determinará si la reforma continúa en vigor o es desechada.