Ecuador ha reabierto su registro de concesiones mineras por primera vez desde 2018, con el objetivo de atraer inversiones formales al sector, agilizar los trámites de licenciamiento y enfrentar el crecimiento de la minería ilegal, uno de los problemas más complejos que enfrenta el país.
El cierre original se dio tras detectar irregularidades en el sistema de concesiones, motivo por el cual no se habían autorizado nuevas licencias en los últimos años. Ahora, el gobierno ecuatoriano —a través de los ministerios de Energía, Medio Ambiente y otras instancias— retoma este proceso bajo reglas renovadas y con el respaldo de las fuerzas de seguridad para frenar operaciones clandestinas.
La ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, informó que el proceso será gradual. Comenzará en el tercer trimestre de 2025 con licencias para pequeña minería no metálica, como caliza y arcilla, materiales utilizados en la industria del cemento y cerámica. Posteriormente, en septiembre, se abrirá para pequeña minería metálica y se espera una reapertura total para otros tipos de minería a inicios de 2026.
Entre los nuevos requisitos destaca que los solicitantes deberán acreditar al menos dos años de experiencia en actividades mineras, dentro o fuera del país. Además, la Empresa Nacional de Minería (Enami), de propiedad estatal, tendrá prioridad en las solicitudes.
Ante las críticas de organizaciones locales, incluida la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), Manzano defendió la estrategia señalando que se busca formalizar la industria y asegurar beneficios tangibles para las comunidades.
Ecuador posee un alto potencial mineral, con recursos clave como cobre, oro y plata. Sin embargo, se ha mantenido rezagado frente a potencias mineras de la región como Chile o Perú. La minería ilegal —presente ya en 19 de las 24 provincias del país— ha sido vinculada a redes criminales que mezclan sus actividades con el narcotráfico y la violencia por el control territorial.
Entre los próximos proyectos de relevancia destacan Cangrejos (CMOC), Cascabel (SolGold), Warintza (Solaris), Curipamba-El Domo (SilverCorp y Salazar), además de la expansión de Mirador Norte (EcuaCorriente).
El gobierno estudia nuevas tarifas mineras que podrían generar ingresos anuales por más de 220 millones de dólares, en medio de un entorno tenso con sectores empresariales y sociales.
La reapertura de las concesiones representa un intento por recuperar el potencial minero del país y ordenar una actividad que ha sido aprovechada por actores ilegales durante años. El verdadero reto estará en garantizar que estos cambios se traduzcan en beneficios verificables para las comunidades locales.
