La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió por unanimidad a favor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en el litigio por el cobro de una multa de 2,868 millones de pesos a Primero Empresa Minera (PEM), filial mexicana de la compañía canadiense First Majestic Silver Corp.
El fallo, correspondiente al recurso de reclamación 105/2025, fue presentado por Hacienda para impugnar el acuerdo de la ministra en retiro Norma Piña, quien había admitido un amparo mediante el cual la minera buscaba revisar la sentencia que le negó la protección de la justicia.
La deuda fiscal, originada en el ejercicio 2012, deriva de un crédito emitido por la Administración Central de Fiscalización de Precios de Transferencia del SAT, que incluye conceptos por Impuesto Sobre la Renta, IETU, recargos, actualizaciones y multas.
La ponencia estuvo a cargo de la ministra Lenia Batres Guadarrama, quien determinó que el recurso de Hacienda era procedente y revocó el acuerdo de Piña. En su resolución, precisó que, aunque existía una cuestión de constitucionalidad, el caso no era “excepcional” en materia constitucional ni de derechos humanos, por lo que debía resolverse conforme a la ley fiscal.
Durante la sesión, Batres informó que la empresa había solicitado un aplazamiento de la resolución, argumentando que mantenía pláticas con el gobierno federal para resolver el conflicto; sin embargo, la ministra aclaró que no existía ningún mecanismo legal que permitiera posponer la determinación.
El ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz coincidió con el proyecto, al igual que los ministros Irving Espinoza Betanzo y Sara Irene Herrerías Guerra, quienes emitieron votos concurrentes. Con esta decisión, quedó firme la sentencia del tribunal colegiado que negó el amparo a la minera, dejando sin efecto su intento de detener el pago.
El fallo marca un precedente en la minería mexicana, ya que la Corte calificó como dilatorias las estrategias legales de la empresa —incluyendo un recurso de impedimento contra la ministra Yasmín Esquivel Mossa— para aplazar el juicio. La empresa recibió sólo una sanción de 70 UMA (~8 000 pesos) por esas maniobras, aunque el monto del adeudo sigue vigente.
Para la industria minera, esta decisión abre un nuevo entorno de mayor escrutinio respecto a la responsabilidad fiscal de las compañías y la exigencia de cumplimiento. Las compañías que operan en México deberán revisar sus contratos y estrategias relacionadas con créditos fiscales e impuestos ante el SAT, pues la tolerancia a recursos dilatorios parece haber cambiado.
