La Bolsa de Metales de Londres (LME) se enfrenta a un nuevo desafío legal, apenas tres meses después de resolver un caso relacionado con el manejo de la crisis del níquel en 2022. En esta ocasión, activistas medioambientales acusan a la LME de facilitar la venta de "metales sucios", específicamente cobre producido en la mina Grasberg en Indonesia. Los grupos de presión, London Mining Network (LMN) y Global Legal Action Network (GLAN), alegan que la LME viola las leyes británicas contra el lavado de dinero al facilitar la venta de este cobre.
El caso no busca daños y perjuicios ni apunta directamente contra Freeport McMoRan, copropietario y operador de Grasberg. En cambio, se centra en la marca de cobre "GRESIK" de la LME, producida por PT Smelting, que procesa concentrados de Grasberg. El objetivo aparente es utilizar el estatus de la LME como bolsa de inversiones regulada en el Reino Unido para destacar presuntos daños ambientales en la mina de Grasberg.
La acción legal se presenta como un intento de "obligar a la LME a revisar las reglas bajo las cuales lista metales para negociar en su Bolsa". El foco último es el sistema de gestión de relaves de Grasberg en Indonesia, que según los activistas está contaminando los suministros de agua locales.
Este nuevo desafío legal llega en un momento irónico, ya que la LME está en proceso de suspender alrededor del 10% de sus marcas cotizadas por incumplir con los plazos para presentar documentación de abastecimiento responsable. La LME describe la acción como "equivocada" y espera abordar la situación de manera responsable y eficiente.
Este caso destaca la creciente presión sobre las instituciones financieras y proveedores de servicios, como las bolsas, para abordar cuestiones ambientales y sociales en la cadena de suministro de metales. La resolución de este desafío legal podría tener implicaciones significativas para la regulación y prácticas en la industria de metales y minería.
Fuente: Mining