Una comisión de la Cámara de Diputados del Congreso de México aprobó dos reformas constitucionales que, de ser implementadas, prohibirían la minería a cielo abierto y el fracking, además de restringir el uso de maíz genéticamente modificado. Estas propuestas, aprobadas el miércoles, se debatirán en la cámara baja en pleno una vez que los legisladores retomen sus sesiones en septiembre.

Las reformas también buscan proteger los recursos hídricos, prohibiendo la explotación de agua en zonas con escasez, salvo en casos de extracción en áreas pobladas para uso doméstico, según un comunicado difundido por la comisión.

Estas medidas forman parte de un paquete de reformas constitucionales presentado en febrero por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que incluye otras propuestas significativas, como la reestructuración del poder judicial.

Para que estas reformas constitucionales entren en vigor, deben ser aprobadas por una mayoría calificada de dos tercios tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, y posteriormente ratificadas por la mayoría de los congresos locales. En las elecciones de junio, el partido gobernante Morena y sus aliados lograron una mayoría calificada en la Cámara de Diputados, quedándose a sólo dos escaños de lograrla en el Senado.

El presidente López Obrador ha criticado en repetidas ocasiones los contratos mineros firmados por administraciones anteriores con empresas privadas, y ha afirmado que su gobierno no ha otorgado nuevas concesiones privadas en el sector minero.

Sin embargo, la Cámara Minera de México (Camimex) se opone firmemente a la prohibición de la minería a cielo abierto, argumentando que tal medida podría provocar una contracción del 1% en el PIB del país y poner en riesgo unos 200,000 empleos directos y más de 1 millón formales por servicios.

En cuanto a la regulación del maíz transgénico, la propuesta surge en medio de una disputa entre México y Estados Unidos en el marco del Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá. La reforma permitiría la entrada de maíz transgénico a México únicamente para usos no humanos y siempre que los granos no tengan capacidad de germinar, lo que limitaría significativamente su utilización en el país.