El 5 de febrero, con motivo del aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una Iniciativa con Proyecto de Decreto que contempla diversas reformas, entre las cuales destaca la prohibición de la minería a cielo abierto.
Según esta iniciativa, dirigida a la Diputada Marcela Guerra Castillo, Presidenta de la Cámara de Diputados, se busca modificar el artículo 27 constitucional con el fin de proteger el medio ambiente y la salud pública. Se propone prohibir tanto el otorgamiento de concesiones como las actividades de exploración, explotación, beneficio, uso o aprovechamiento de minerales, metales o metaloides a cielo abierto, estableciendo sanciones para quienes infrinjan estas disposiciones.
El documento hace referencia a la técnica de minado en tajos, la cual supuestamente permite obtener 28 gramos de oro por tonelada de material. Sin embargo, este dato, que figura en el proyecto de decreto, se recibe con escepticismo y se espera que pueda alcanzarse en la práctica.
La iniciativa se fundamenta en una investigación de Maritza Vargas titulada "Extractivismo de enclave y minería a cielo abierto: impactos y consecuencias socioambientales". En esta investigación se acusa a la minería a cielo abierto de causar devastación, contaminación auditiva, del aire, suelo y agua, enfermedades, así como la pérdida de identidades socioculturales y el deterioro del tejido social comunitario.
En el proyecto presentado por el Presidente López Obrador se señala que actualmente en México operan alrededor de 264 minas al cielo abierto. Se hace hincapié en la visión tradicional de la minería como una actividad depredadora, aunque se reconoce que para que una mina pueda operar en el país debe cumplir con más de un millón de normas y reglamentos, además de contar con planos integrales de cierre.
Además de la prohibición de la minería a cielo abierto, la iniciativa también contempla otros cambios significativos, como declarar al país libre de maíz transgénico, la no otorgación de concesiones de agua en zonas con baja disponibilidad y la prohibición del fracking. Estas forman parte de un enfoque integral para proteger el medio ambiente y la salud pública.