Las secretarias de Economía, Raquel Buenrostro, y Luisa María Alcalde, del Trabajo, quieren revisar las actuales concesiones mineras.
La minería nacional puede correr la misma suerte que el sector salud durante este gobierno de la 4T: más grave la solución que se está evaluando, que el supuesto problema.
Hete aquí que las secretarias de Economía, Raquel Buenrostro, como si no tuviera suficiente ya con el T-MEC, y Luisa María Alcalde, del Trabajo, quieren revisar las actuales concesiones mineras.
Resulta que las funcionarias del régimen cuatroteísta “sospechan” que hubo corrupción en los gobiernos pasados en el otorgamiento de concesiones en 68 Áreas Naturales Protegidas.
Y ahora pretenden decretar cinco nuevas áreas naturales, para llegar a 190 en todo el país.
Para dimensionar: en México existen 196 millones de hectáreas, cantidad que significa cerca del 9 por ciento del territorio nacional y no el 99 por ciento como mencionan en este gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
La industria minera, que cumple con la ley, tiene inversiones acumuladas por alrededor de 42 mil 464 millones de dólares y genera poco más de 86 mil empleos, solo en empresas afiliadas a la cámara del ramo.
Buenrostro y Alcalde deberían supervisar mineras Pymes, donde se violan los derechos y seguridad, como ocurrió en el caso del Pinabete, donde uno de los beneficiarios era Manuel Bartlett y la CFE.
Manuel Bartlett.
El más afectado con esta idea que traen en la 4T es Canadá, que de por sí, vía su primer ministro, Justin Trudeau, se ha quejado de los incumplimientos de México en materia de energías limpias.
La minería es precisamente el sector donde más han invertido históricamente las empresas del país de la hoja de maple: algo así como unos 30 mil millones de dólares.
Imagínese la preocupación que existe de que a las inversiones que les cuestionan en renovables, ahora el gobierno les revoque concesiones mineras aplicando criterios discrecionales e ideologizados.
Fuente: Columna de Darío Celis en El Financiero